Las asociaciones rurales de la Zona Sudeste de la provincia de Buenos Aires, integradas en Carbap, emitieron un fuerte comunicado de rechazo a la Resolución 201/2026 del Senasa. La normativa, que permite la libre elección de veterinarios para la vacunación antiaftosa, es vista por los productores como una amenaza a la seguridad sanitaria nacional.
Las entidades recordaron que el esquema de fundaciones ha sido fundamental para alcanzar el «status sanitario actual de país libre con vacunación», permitiendo el «consecuente acceso a los mercados internacionales».
Según advirtieron, la nueva norma «atenta contra el cumplimiento de las campañas establecidas por el Senasa que deben realizarse en tiempo y en forma».
Uno de los puntos más críticos señalados es la ruptura del esquema de costos compartidos. El comunicado destaca que la medida «rompe con el principio de ‘solidaridad’ entre los productores ganaderos», el cual permitía que todos los tenedores de ganado de un mismo partido vacunaran «al mismo costo independientemente del tamaño de sus rodeos».
La preocupación de las rurales también se centra en la logística y el financiamiento de los entes de vacunación. Señalaron que, ante la libre elección, las fundaciones «no podrán realizar sus respectivos presupuestos económico/financieros porque no sabrán a ciencia cierta cuántos bovinos serán vacunados por el ente».
Asimismo, alertaron sobre la pérdida de controles críticos: «Tampoco tendrán el control de la cadena de frío, condición fundamental para la eficacia de las vacunas», ni sobre las programaciones o el avance general de la campaña.
Advertencias sobre el pasado
El sector agropecuario recordó con preocupación los antecedentes históricos, calificando la medida actual como un paso hacia el desmantelamiento del sistema. El texto describe como un «error destruir este esquema» que devolvió la paz al sector tras la «aventura política de dejar de vacunar en 1999», hecho que «provocara un caos sanitario en todo el país y cuantiosas pérdidas económicas».
Ante este escenario, las sociedades rurales lanzaron una pregunta retórica: «¿Quién se hará cargo en adelante de garantizar la vacunación de la totalidad de los bovinos?».
Finalmente, debido a la naturaleza «unilateral e inconsulta» de la resolución, las firmas de General Madariaga, Maipú, Lobería, Necochea, Mar del Plata, General Lavalle, Benito Juárez, San Cayetano y Balcarce decidieron «deslindar responsabilidades ante cualquier fracaso sanitario».