Representantes de Maizar, junto con sus pares de las cadenas del maíz de Brasil y Estados Unidos con las que integra la alianza internacional Maizall, culminaron la emana pasada una misión estratégica por España e Italia, incluyendo la sede de la FAO en Roma, donde explicaron los avances del maíz en el mundo y debatieron sobre la política agropecuaria de la Unión Europea (UE) y su impacto en la seguridad alimentaria global.
Los tres países integrantes de Maizall son responsables del 50% de la producción mundial de maíz y del 70% de las exportaciones globales. La delegación defendió decididamente el sistema productivo que llevan adelante, basado en biotecnología, siembra directa y escala de producción, enfatizando que se trata de un modelo sustentable económica, social y ambientalmente, el cual cuenta con respaldo científico y empírico.
Por el contrario, el modelo regulatorio europeo ha llevado incluso a sus propios agricultores a una enorme pérdida de competitividad: en la última década, países como España e Italia vieron caer su superficie de maíz a la mitad, y deben importar aproximadamente dos tercios de lo que consumen, debido fundamentalmente a la falta de acceso a herramientas tecnológicas en un contexto de subsidios decrecientes.
La Argentina, Brasil y Estados Unidos ya han aprobado más de 60 eventos biotecnológicos, validados por sus sistemas científicos nacionales, mientras que en Europa no están permitidos, con la sola excepción de España y Portugal, que cultivan un único evento aprobado hace más de dos décadas.
Esta restricción es resultado de tensiones comerciales pasadas y de marcos regulatorios sin sustento en evidencia científica internacional, que no han evolucionado al ritmo del conocimiento disponible.
El ambientalismo como barrera comercial
Por otra parte, la misión de Maizall rechazó exigencias ambientales de la UE que no responden a decisiones basadas en ciencia, sino que operan como barreras paraarancelarias.
El caso más ilustrativo de esta distorsión lo ofrece la soja: mientras que la UE restringe el acceso al biodiésel de soja alegando razones ambientales, importa 30 millones de toneladas de harina de soja anuales para que consuman sus animales.
Esta incongruencia regulatoria europea revela que la prohibición de importar biodiésel de soja no responde a los criterios técnicos de deforestación (ILUC) esgrimidos, sino a intereses de política interna: proteger el biodiésel de colza europeo.
No obstante, la posición de Maizall encontró también algunos aliados, lo que evidencia la complejidad interna de la UE, con sus 27 países con intereses divergentes. España, gran importador de cereales, necesita flexibilizar las condiciones de acceso. Francia, exportadora, busca protección para sus productores. Alemania, en tanto, prioriza su sector industrial. Esta fragmentación parece generar una parálisis estructural para construir una visión estratégica coherente.