Tres de las cuatro entidades del campo emitieron un documento en el cual plantean su rechazo a la propuesta de adhesión a UPOV 91 y abogamos por retirarla del proyecto de Ley de Bases.

Se trata de Confederaciones Rurales Argentinas, Federación SAgraria Argentina y Sociedad Rural Argentina, las que proponen abordar este tema “en una actualización integral de la Ley de Semillas, escuchando y participando todos los sectores que nos vemos involucrados”.

La UPOV 91 es un acuerdo internacional con estándares para la protección de los derechos de los obtentores de nuevas variedades de plantas impulsado por Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales

Para las entidades, “la adhesión a UPOV 91, implica entre otras cosas la pérdida del derecho de uso propio por parte de los agricultores y la mayor extensión de los derechos de los obtentores, ha generado un debate centrado en los derechos de los agricultores y la promoción de la innovación”.

Consideran que “beneficia principalmente a desarrolladores comerciales de variedades uniformes, limitando los derechos de los agricultores para guardar y utilizar semillas y material de propagación. Sus características claves incluyen la necesidad de autorización del obtentor para el uso propio, la extensión de derechos hasta el producto de la cosecha (lo cosechado) y una ampliación en la duración del derecho de propiedad”.

En América Latina, solo Costa Rica y Perú han adoptado UPOV 91, mientras que ningún país de la región está adherido.

Los productores hicieron referencia a “equilibrar los derechos del obtentor con de los agricultores”, señalando que la adhesión limitaría el derecho de uso propio del agricultor y extendería los derechos del obtentor hasta el producto final de la cosecha.

Añadieron que -además- “hoy están resguardados los derechos de propiedad intelectual de los obtentores en convivencia con el derecho de uso propio del agricultor” y solicitaron retirar el proyecto de Ley la adhesión a UPOV 91, “asegurando una legislación equitativa que contemple y refleje los derechos de todos los actores en el sector agrícola”.

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