Las precipitaciones ocurridas la semana pasada en gran parte de la provincia de Buenos Aires, y en particular en la zona más afectada por las inundaciones -Bolívar, 25 de Mayo, Carlos Casares, Hipólito Yrigoyen y 9 de Julio como los más comprometidos, a los que ahora se suman Pehuajó, Lincoln, Viamonte y otros-, que recibieron entre 80 y 100 mm adicionales, agravaron de manera dramática un escenario que ya estaba colapsado.
La superficie afectada en estos distritos creció en la última semana (18 al 20 de agosto) entre un 30 y un 40 por ciento respecto de la situación registrada apenas 10 días atrás. Se trata de un panorama que hacía muchísimos años no se veía en la provincia, según un documento elaborado por Carbap.
Esta realidad pone de manifiesto la necesidad de una acción inmediata por parte de las autoridades provinciales y nacionales, a fin de poner a disposición de los productores y municipios herramientas que permitan paliar el impacto.
La entidad planteó que en primer lugar se requieren medidas urgentes de asistencia a los productores, ya que en muchos casos no tienen posibilidad de sacar la producción de los campos. “Es indispensable que se habilite financiamiento específico, con tasas diferenciadas y razonables, ya que las actuales resultan absolutamente inviables en este contexto. Asimismo, resulta imprescindible la puesta a disposición de maquinarias (camiones, palas, retroexcavadoras) para ayudar a recomponer caminos y limpiar canales”.
Del mismo modo, debe disponerse “un alivio fiscal inmediato, tanto desde ARCA (ex Afip) como de ARBA y de los municipios, mediante la postergación o suspensión de pagos de impuestos nacionales, provinciales y tasas rurales. La situación es crítica y no se puede esperar a la burocracia que implica la puesta en marcha de las leyes de emergencia agropecuaria, tanto nacional como provincial”, se señaló.
Inoperancia
Carbap consideró que “la crisis actual no solo expone la gravedad de las precipitaciones, sino también la inoperancia de no haber concluido en tiempo y forma el Plan Maestro del Río Salado, como así también la falta de mantenimiento de los caminos rurales. Los productores realizan aportes millonarios en concepto de tasas viales, que muchas veces se desvían hacia otros fines municipales, y hoy las consecuencias de esa desatención afloran con crudeza”.
Es que “una obra estratégica como el Salado y el mantenimiento adecuado de los caminos rurales y canales no hubiera evitado las lluvias ni la totalidad del daño ocasionado, pero sí habría permitido morigerar el impacto y facilitar el drenaje de las aguas en plazos más razonables”.
Hoy, en esta región de la provincia de Buenos Aires, se estiman más de un millón de hectáreas anegadas, y la superficie continúa en aumento. A ello se suma una gran cantidad de tierras con acceso imposible, ya sea por estar aisladas por el agua o por la falta de piso que permita el ingreso de maquinaria. En esa zona se produce aproximadamente el 15 por ciento del maíz y la soja de la Argentina. Estas áreas ya se descartan para la próxima siembra de maíz temprano -cuyo ciclo está a punto de comenzar-y se desconoce si podrán destinarse luego a soja, girasol o incluso a maíz tardío.
Más allá de la cuestión productiva, la emergencia también golpea de lleno la vida social y comunitaria de la ruralidad. “La falta de caminos transitables impide en muchos casos el acceso normal a las escuelas rurales, dejando a niños y jóvenes sin clases durante días o semanas. Asimismo, dificulta la llegada de ambulancias, transporte y provisión de insumos básicos, profundizando el aislamiento y la vulnerabilidad de las familias que habitan en estas zonas”, se indicó.
“Desde CARBAP se reclama con urgencia una ayuda inmediata, integral y coordinada por parte de las autoridades, tanto para atender la emergencia productiva y social como para dar una señal concreta de compromiso frente a una problemática que amenaza la próxima campaña agrícola y, con ella, la economía y la vida en toda la región. La entidad insiste en que es momento de actuar con responsabilidad y celeridad para no agravar aún más una situación ya crítica para miles de productores y familias bonaerenses”, concluyó el documento.